Actividades productivas sostenibles: mecanismos de conciliación en ASP de alta conflictividad
Fundación Neotropica, Estados de la Nación, SINAC y MINAE analizaron posibilidades de asentamiento de actividades productivas sostenibles, por ejemplo el ecoturismo, como mecanismos de conciliación en Áreas Silvestre Protegidas de alta conflictividad.
El director ejecutivo de Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar, comentó: “buscamos compartir la experiencia que se ha desarrollado en la Reserva Forestal Golfo Dulce con un proceso de aprobación e implementación de procesos de ordenamiento territorial (proyecto de plan de manejo en el caso de la RFGD)” que necesitan estas áreas de usos mixtos (que incluyen propiedad o posesión agraria en manos privadas por razones históricas) para cumplir con su función bioregional”.
Constatar esta experiencia con otras situaciones a escala nacional que se dan en ASP, como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, Gandoca-Manzanillo, la Zona Protectora Cerros de la Carpintera y otras.
Los resultados de las experiencias en el Golfo Dulce, dan una validación del turismo sostenible, con una zonificación a pequeña escala; y para lo que es necesaria la verificación de tecnologías y posibles sistemas productivos a desarrollar, además de una participación activa de la comunidad en toda la gestión.
Aguilar enfatizó la necesidad de realizar estudios sobre los conflictos socio-ambientales de Costa Rica, para tener un mapeo claro de dichas situaciones y a partir de ahí tomar las medidas acertadas.
Por su parte, el investigador del Capítulo Armonía con la naturaleza del Estado de la Nación, Leonardo Merino, inició su disertación con la afirmación de que la conflictividad es un asunto estratégico para el país, donde se evidencia que una agenda verde no es suficiente para la sostenibilidad.
La población tiene patrones de consumo irresponsables, tiene una ¼ parte del territorio protegido y cada costarricense gasta un 11% más de lo dispuesto.
Existe una disputa de tierra y recursos naturales, donde el Estado aparece como generador de los conflictos y no como mediador, papel que le correspondería ejercer.
Merino además indicó que nos encontramos en la época de menor apoyo a la democracia desde los años 70, donde el número de protestas por mes, demuestran 22 meses seguidos de conflictividad, donde no se identifica un tema definido, son todos los sectores los inconformes.
Los problemas socio-ambientales son de carácter nacional, con actores locales (movilización local), cuentan con pro-actividad, las comunidades conocen y hacen uso de instrumentos legales y dan propuestas; se da la judicialización por la falta de espacios políticos y de participación.
La regularización no es efectiva, se crean responsabilidades y se reconocen derechos pero no se identifican los recursos con los que se solventarán.
“No existe la capacidad para vigilar el apellido de sostenibilidad que se está dando a las actividades” exhortó el Investigador del Estado de la Nación. Al país le va a tocar enfrentar temas como energía y agrícolas sin un marco de diálogo y eso es bastante preocupante, añadió.
El director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Rafael Gutiérrez, comentó sobre la problemática de gestión por el manejo de categorías, que se da principalmente por las categorías de refugios de vida silvestre.
Según la interpretación de la ley, solo se permite la realización de capacitación, investigación y ecoturismo (según Contraloría) y esto limita la posibilidad de ejecutar otras actividades productivas.
“Para cambiar la situación antes destacada y poder otorgar otros usos de la tierra en las ASP, se debería de modificar el artículo 82 de la Ley biodiversidad, y el art 39 de la Ley de vida silvestre, para beneficio de las comunidades” dijo Gutiérrez.
Nota obtenida del periódico el país.cr y escrito por Oriana Ortiz